Sin poder no hay dignidad
La versión en inglés de este artículo apareció por primera vez el 7 de marzo del 2022 en la página web de LaborPress.
En el Día de San Valentín cientas de organizaciones pro-inmigrantes hicieron un llamado para “día sin inmigrantes” para recordarle al gobierno federal, especialmente a los demócratas, que hagan cumplir sus promesas y aprueben una reforma migratoria para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en este país. A pesar de ser llamado un “día sin inmigrantes” este consistió simplemente de mítines esporádicos, discursos, cánticos y pancartas.
Pero en la ciudad de Nueva York, este “día sin inmigrantes” estaba muy lejos de la realidad: los floristas se congregaron en frente de las estaciones de trenes por motivo del Día de San Valentín, los restaurantes sirvieron a sus comensales gracias a su personal inmigrante y sus deliveristas, los proyectos de construcción continuaron a pesar de las gélidas temperaturas y miles de niñeras y amas de llaves se reportaron a trabajar como si fuera un día cualquiera. La verdad es que ninguna organización pro-inmigrante tiene la capacidad o habilidad para organizar un paro laboral de gran magnitud. Un verdadero día sin inmigrantes paralizaría a la economía estadounidense y a pesar de que esto es un hecho evidente para cualquiera de nosotros los inmigrantes, la falta de capacidad organizacional para llevar a cabo tal paro laboral es evidente no solo del mediocre estado de nuestras organizaciones pro-inmigrantes pero principalmente del estado de las organizaciones sindicales y su falta de visión y compromiso para responder a las demandas de esta población.
Estos mítines del “día sin inmigrantes” se llevaron a cabo al mismo tiempo que la congresista republicana por la Florida María Elvira Salazar presentó un proyecto de ley llamado el Acta Dignidad. El Acta Dignidad busca proveer de permisos de trabajo a inmigrantes que paguen “restituciones” al gobierno federal de $1000 al año por un periodo de diez años. Es este periodo no les dará ningún beneficio federal, pero se les permitirá viajar, y si buscan legalizar su estatus permanentemente tendrán que aprender inglés y aprender cívica estadounidense (siempre y cuando se implemente el programa eVerify y se asegure la frontera). Los pagos al gobierno federal serán usados para crear un “Fondo para trabajadores estadounidenses” para “financiar iniciativas educacionales, programas de aprendices, y programas de Educación Técnica y Vocacional para darles oportunidades a los trabajadores estadounidenses para que ingresen a nuevas carreras.” Metido en el proyecto de ley están nuevas provisiones para expandir el programa de trabajadores temporales como también una reconfiguración de las llamadas AEWR que se usan para calcular el sueldo de los trabajadores en agricultura.
A diferencia de sus rivales republicanos, los demócratas, y las ONG y organizaciones sin fines de lucro que los respaldan, piensan sobre los inmigrantes como un tema de índole civil. Los inmigrantes indocumentados son esta población de ciudadanos de segunda clase que debido a leyes racistas y xenofóbicas son confinados al borde de la sociedad sin ninguna opción que trabajar para el sector informal de EE. UU. Una perspectiva enteramente laboral nos demuestra que PORQUE estos inmigrantes pueden servir como mano de obra barata y desechable para el sector informal es que tienen que lidiar con estas leyes restrictivas que no les permiten regularizar su estatus así forzandolos a vivir en la sombras. Algunos sectores de la economía estadounidense, como la agricultura, no pueden funcionar sin el trabajo de inmigrantes. En estos sectores precisamente es que se encuentran las leyes laborales más restrictivas: los trabajadores de la agricultura no tienen derecho a un paro laboral y en el mismo estado de Nueva York estos trabajadores tienen que trabajar unas 60 horas semanales para recibir pagos de horas extra. En las últimas décadas la manufactura ha crecido en estados donde el trabajo de inmigrantes y otros trabajadores puede ser el más explotado: los estados sureños del llamado Cinturón de Sol, quienes cuentan con leyes de “derecho al trabajo” las cuales limitan la actividad sindical. Los republicanos entienden esto claramente ya que mucha de su base está conformada por sectores (granjeros, pequeños manufactureros y propietarios de pequeños negocios) quienes dependen de la explotación de esta mano de obra inmigrante.
Una perspectiva histórica nos demuestra que el movimiento por los derechos de los inmigrantes comenzó hace una décadas al avenirse el neoliberalismo y el nuevo régimen migratorio caracterizado por el Acta de Inmigración, Reforma y Control firmada por el Presidente Reagan y también por la creación del Departamento de Seguridad Nacional después de los ataques del 11 de septiembre el cual hizo de la inmigración jurisdicción del aparato represivo del estado. La historia del movimiento laboral nos demuestra que los derechos de los inmigrantes están inexorablemente ligados a la habilidad del movimiento laboral para organizar a los trabajadores. El movimiento sindical de comienzos del siglo 20 le debe muchos de sus éxitos a los trabajadores inmigrantes quienes sangraron, pelearon y murieron para forjar los sindicatos que hoy tenemos. Por ser los inmigrantes trabajadores es muy lógico que al ganar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores los inmigrantes también se beneficiaban. Esto cambia con la desarticulación de las reformas del New Deal, la aprobación del Acta de Taft-Hartley y el devenir del neoliberalismo que vio a la economía estadounidense transformarse de una economía industrial que requería del trabajo de millones de personas en grandes operaciones manufactureras a una economía donde el capital financiero domina las grandes ciudades y donde mucha de la manufactura es realizada en países en desarrollo donde la mano de obra es más barata porque hay más represión de la clase trabajadora. En pocas palabras, cuando antes la clase capitalista necesitaba de inmigrantes para llenar sus fábricas y hacer sus productos, ahora los necesita en sus países donde pueden ser mano de obra más barata para su manufactura o si en caso se las arreglan para llegar hasta aquí, serán confinados a sectores pequeños de la economía donde su trabajo pueda ser más fácilmente explotado.
La propuesta de la congresista Salazar es muy prometedora y seguro verá el apoyo de unos cuantos sectores de la economía y tal vez también de algunas organizaciones pro-inmigrantes rompan con sus afiliados demócratas y llamen al apoyo de la medida. Por otro lado, los líderes sindicales pueden que vean esta propuesta como una manera de aminorar el poder de sus instituciones y robarles trabajos a sus miembros. Muchos trabajadores del sector no sindicalizado ahora tendrán la oportunidad de trabajar legalmente, abriendo la puerta para que el sector no sindicalizado obtenga nuevos contratos y la creación del Fondo para Trabajadores Estadounidenses puede ser usado para pagar para la educación vocacional fuera de los programas de aprendizaje patrocinados por los sindicatos.
Muchos sindicatos están un poco miopes para la cuestión de los inmigrantes ya que muchos incluso eligen propagar sentimientos nativistas para proteger “trabajos estadounidenses.” En vez de agresivamente tratar de organizar a la fuerza laboral inmigrante, estos sindicatos erróneamente solo intentan proteger los contratos de los emperadores signatarios. En la industria de la construcción esto es muy aparente al sector sindicalizado verse dando más y más terreno a compañías no sindicalizadas que emplean subcontratistas que explotan el trabajo de inmigrantes. Las tácticas organizativas de antes se ven inútiles al enfrentar a estás nuevas mini-compañías de construcción que evitan responsabilidad al clasificar erróneamente a sus trabajadores, pagar efectivo y muchas veces robarles el salario.
Los sindicatos tienen mucho que temer del Acta Dignidad y es porque estos no tienen ninguna propuesta propia para resolver la situación migratoria de los trabajadores indocumentados. Y las organizaciones pro-inmigrantes van a tener que apoyar a la propuesta de Salazar porque al no haber ninguna otra propuesta seria, esta es tal vez la mejor opción para dar a los trabajadores indocumentados alguna forma de legalización. Esta es una jugada muy inteligente que utiliza las divisiones entre el movimiento sindical y el del movimiento pro-inmigrante. Es una legalización por la gracia del capital que pone a la sumisión como precondición a un permiso de trabajo.
Solo un movimiento activo de trabajadores podría contrarrestar tal propuesta y la manera de hacer eso sería proponer legislación con una perspectiva de clase que no solo busque legalizar a los indocumentados pero a la vez transformarlos en una arma para la revitalización para el movimiento sindical. Por eso, la responsabilidad de organizar a los inmigrantes debe caer sobre los hombros de los sindicatos existentes y sus organizaciones laborales aliadas. Debemos pensar fuera de los parámetros legales existentes e impulsar leyes que abran las puertas para la organización de este sector vital a la misma vez que el poder de los sindicatos se cementa dentro de las comunidades inmigrantes.
Nosotros los miembros de Trabajadores de Construcción por la Democracia Laboral proponemos lo siguiente para ligar la legalización con la sindicalización, haciendo así que si los inmigrantes buscan legalizarse estos tienen primero que organizar sus lugares de trabajo. Esta sugerencia para una propuesta de ley se llama, el Workers Dream Act (el Acta por los Sueños de los Trabajadores). Nuestra propuesta tiene tres partes:
1) Ciudadanía auspiciada por los sindicatos
2) Legalización para todo inmigrante que organice su lugar de trabajo
3) Protección de la deportación para inmigrantes que denuncien a sus jefes por violaciones laborales o de seguridad.
Las bases legales para esta propuesta es una petición del 2021 del Departamento del Labor al Departamento de Seguridad Nacional para que este considere los casos de inmigrantes indocumentados que fueron testigos de violaciones laborales y de seguridad en sus lugares de trabajo, y los proteja de la deportación. Creemos que esta propuesta sería una herramienta indispensable en el arsenal sindical para organizar a los millones de inmigrantes que están ahora en las sombras y siente las bases para una campaña organizativa de no sólo inmigrantes sino de toda la fuerza laboral estadounidense. Por el otro lado, esta propuesta servirá para combatir la xenofobia y racismo dentro de los sindicatos cuando esto vean que el futuro del movimiento está en su habilidad de constantemente organizar a todos los trabajadore, y a través de la solidaridad podemos quitarle al sector no sindicalizado su habilidad de usar la leyes migratorias existentes para robarles trabajos a los trabajadores sindicalizados.
Hacemos un llamado a los líderes sindicales, las organizaciones pro-inmigrantes y a los oficiales electos para que redacten, propongan y comienzen una campaña masiva para que esta propuesta se convierta en ley. Es muy importante hacer esto especialmente ahora que la propuesta de Salazar amenaza la habilidad de los sindicatos para organizar a este sector de trabajadores. Los inmigrantes no deben ser usados para desactivar el movimiento sindical. Su organización dentro de sindicatos les traerá muchas más ventajas a sus vidas que paupérrimos permisos de trabajo. Ningún tipo de dignidad vendrá sin una lucha por el poder.
