Por los sueños de los trabajadores

El Paquete de Infraestructura fue aprobado por la Cámara de Representantes después de una batalla de varios meses en los que el frente progresista del Partido Demócrata se negó a dar su voto para presionar a que los demócratas conservadores en el Senado, los senadores Kyrsten Sinema y Joe Manchin, llegaran a un compromiso sobre el otro componente de la agenda legislativa de Joe Biden: el Paquete de Reconciliación. Mientras que el Paquete de Infraestructura está en camino al despacho presidencial, el Paquete de Reconciliación sigue estancado en el Senado donde los demócratas conservadores se niegan a llegar a un acuerdo a pesar de haberle hecho varios recortes.

Metido dentro del Paquete de Reconciliación está una provisión que le daría a inmigrantes que llegaron a este país antes del 2011 una protección de asta 10 años contra la deportación similar a la que en el 2012 Obama le otorgó a aquellos inmigrantes llegados en su niñes. Mientras que el debate sobre esta parte del paquete aun está por darse, sigue la inquietud sobre qué tomaría para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en este país. Para esto la respuesta no llegará del mundo de las ONGs dominado por abogados de inmigración y derechos civiles. El problema de los inmigrantes indocumentados no es uno de índole civil pero laboral. Es por lo que solo puede ser resuelto por las fuerzas laborales. La solución debe venir en forma de una legalización completamente auspiciada por el movimiento sindical de EE. UU.  

Razonamiento  

Los inmigrantes indocumentados no vienen con capital para invertir en EE. UU. No están aquí para evadir impuestos en sus países de origen. No son los accionistas mayoritarios de ninguna corporación. Los inmigrantes indocumentados vienen aquí para convertirse en trabajadores en el sector informal de EE. UU., ya sea esto en ramas productivas como lo es la agricultura (un gran empleador del trabajo de inmigrantes indocumentados de los cuales se estiman hay un millón de personas), en empaquetamiento de alimentos, manufactura, construcción, o en los sectores de la economía de servicios como lo son los restaurantes, los servicios de cuidado a niños, servicios de limpieza, etc.

A comienzos del siglo 20 EE. UU. vio un aumento en su capacidad productiva con el arribo de nueva tecnología, nuevas prácticas industriales, y por supuesto los conflictos imperialistas conocidos como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos cambios requirieron una cantidad inmensa de trabajadores quienes fueron en gran parte inmigrantes de países como Irlanda, Italia o Europa Oriental, aunque también se empleó trabajadores “temporales” traídos de México como fue el caso de los llamados braceros, para así llenar las brechas laborales causadas por las guerras. Aquellos tiempos también auspiciaron un aumento en la actividad sindical ya que muchos inmigrantes, quienes a veces escapaban la persecución de su actividad sindical en sus países de origen, sabían que tenían intereses en común con los otros trabajadores en oposición a los intereses de los capitalistas de ese tiempo.

Las leyes de inmigración eran en esos tiempos menos restrictivas para la mayoría de los trabajadores (con excepciones notables como es caso de los inmigrantes chinos). Esto cambió a través del siglo 20 en el cual este país pasó de ser una potencia manufacturera internacional la cual necesitaba una gran cantidad de trabajadores industriales, para convertirse en un gran país imperialista que se aprovecha de la mano de obra barata en los países del Tercer Mundo o delegando su manufactura a socios comerciales como China. En lugar de necesitar una enorme mano de obra industrial, la nueva economía de servicios de EE. UU. posee ambientes laborales más pequeños y en los que los jefes tienes mucha más libertad para explotar al trabajador sin consecuencias significativas. Los lugares donde al contrario ha habido un aumento en la manufactura han sido lugares de donde se tienen las leyes más duras contra el trabajador, como en los estados del sur.

Es en el contexto del alza de esta economía de servicios, y en los ataques del capital contra el sector laboral, que Reagan firma el Acta de Reforma y Control de Inmigración, trayendo así un nuevo régimen de control migratorio. Después de la oposición de empresarios agrícolas esta ley, que al comienzo se diseñó como un esfuerzo bipartidista para castigar a los empleadores quienes contraten a inmigrantes indocumentados, incluyó una cláusula que les permitía escapar las ramificaciones legales de la misma. Así este modelo aprobado por los empleadores fortalece el capital a costas de los trabajadores, dándole así a los empleadores que explotan el trabajo de inmigrantes indocumentados un poder casi dictatorial.

La propiedad y títulos de los capitalistas están asegurados mientras que el trabajador está a la merced del jefe quien tiene el poder de reportarlo con las autoridades migratorias si hay una disputa de salarios, seguridad, descansos o organización laboral. Ningún trabajador gana nada apoyando a un régimen de terror que existe para extraer más plusvalía de los trabajadores más vulnerables en la sociedad. El aumento de la represión a inmigrantes indocumentados va de la mano con los intentos de disolver los sindicatos y las leyes que protegen a los trabajadores con documentos (¿por qué contratar trabajadores de construcción legales que pueden organizarse en un sindicato cuando en vez puedo contratar trabajadores indocumentados que uno puede fácilmente explotar, pagar menos y algunas veces incluso robarles el salario con simplemente amenazarlos con la deportación?)  

La propuesta

Es importante que el movimiento sindical produzca su propia propuesta sobre la cuestión de los inmigrantes indocumentados que esté basada en la solidaridad de clase. Esta propuesta debe ser hecha pensando en cómo fortalecer la relativa y táctica posición de los trabajadores contra el capital. La base central de esta propuesta debe ser el proteger al trabajador y castigar al empleador removiendo el miedo a la detención y deportación. Si los inmigrantes indocumentados reportan los abusos de sus empleadores o si eligen organizarse en un sindicato, deben ser protegidos por un asilo.

Esta propuesta contrasta con el racismo antinmigrante de la derecha y el multiculturalismo liberal que celebra la explotación (“la inmigración es hermosa”, “este es un país de inmigrantes”, “EE. UU. depende de los inmigrantes”, toda estas son maneras de enmascarar la explotación). Un argumento proletario debe cuestionar la institución de esclavismo salarial en lugar de negociar entre más deportaciones y mano de obra barata.

Aquí presentamos algunos puntos de nuestra propuesta:

1) Ciudadanía auspiciada por los sindicatos. Cualquier inmigrante que haya sido miembro activo de un sindicato por un determinado periodo de tiempo debe tener un camino acelerado a la ciudadanía. Los sindicatos se forjan para proveer representación a los trabajadores y para organizarlos en el lugar de producción. Todos los sindicalistas deben poder traducir este poder a otras áreas de su vida. La ciudadanía les dará a sindicalistas inmigrantes el derecho a votar, postularse para algún puesto en sus distritos, como también acceder a otros beneficios otorgados a sus compañeros sindicalistas. Esto también proporcionará un incentivo para que más inmigrantes se afilien a un sindicato y para que formen uno. A ningún sindicalista se le debe negar los derechos democráticos de los que disfrutan otros trabajadores.   

2) Legalización para todos los inmigrantes que sindicalicen su lugar de trabajo. Para contrarrestar la tiranía de los jefes sobre las vidas de los trabajadores inmigrantes, cualquier inmigrante quien participe en los esfuerzos para sindicalizar su lugar de trabajo debe tener derecho a regularizar su estatus. Esto le quitará el poder que tienen los jefes para amedrentar a sus trabajadores amenazándolos con la deportación. También propiciará un aumento monumental en el número de industrias que se pueden sindicalizar. Inmigrantes en la economía de servicios, motivados por un deseo de protegerse a sí mismos de la deportación, exhortarán a sus otros compañeros a sindicalizarse también.

3) Protección de la deportación para los inmigrantes que denuncien a sus jefes por violaciones laborales y de seguridad. Las autoridades que gobiernan las relaciones laborales dependen de trabajadores que denuncien a sus empleadores para que así estos puedan fiscalizar cualquier violación de seguridad o al derecho laboral. El robo de salario es la forma de robo más prevalente en EE. UU. Muchas de sus victimas son trabajadores inmigrantes. De la misma manera que las víctimas de crímenes violentos tienen un camino a la legalización a través de la Visa U, así también los trabajadores inmigrantes deberían estar protegidos cuando tienen la valentía de denunciar a su jefe. Esto no solo asegurará que los inmigrantes se sientan seguros de reportar los crímenes de sus empleadores a las autoridades, pero también detendrá la prevalencia del robo de salarios en la economía de servicios y el sector de la construcción, hará de estas industrias más seguras para el público y los trabajadores, y aumentará el número de denuncias al Panel Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y otros órganos laborales para que estos tengan mayor poder para castigar a aquellos culpables de malas prácticas laborales.

Ciudadanía basada en el trabajo

La clase obrera debe buscar redefinir la ciudadanía a partir de su objetivo, la liberación de los trabajadores a partir de la democracia laboral. En los reinos del mundo antiguo donde la propiedad se basaba en el derecho divino de los reyes, todos eran sujetos a su voluntad como súbditos. Cuando emergieron los derechos a la propiedad privada el “ciudadano” emergió para declarar su participación en el gobierno y su derecho a la propiedad. Aquellos que no poseían propiedades, aquellos esclavizados y las mujeres carecían de ciudadanía en casi todos los lugares hasta hace muy poco en el siglo 20. Solamente la lucha les otorgó sus derechos así demostrando que los derechos son derivados del poder.

Desde entonces en el mundo occidental la ciudadanía se ha vuelto universal pero solo en términos nacionalistas y de ámbito racial. En los EE. UU. la ciudadanía es determinada por la suerte de nacer en esta tierra, en otras palabras, jus soli. ¿Pero quién trabaja dicha tierra? En una de las más grandes hipocresías de la dictadura del capital en este país, la mayoría de quienes trabajan la tierra no nacieron en ella. Las leyes laborales no les permiten organizarse y las leyes migratorias los hacen esclavos, trabajadores ligados a los dueños y administradores de la tierra.

Nosotros proponemos una nueva manera de otorgar ciudadanía a nuestros hermanos y hermanas: ciudadanía basada en el trabajo. Que la ciudadanía no esté suscrita al suelo o a la sangre, pero al arado de dicho suelo, el trabajo en las fábricas, el apiñamiento de los ladrillos. El trabajo es la única base social de nuestras comunidades. El ciudadano trabajador debe ser el único individuo en poseer poder en este país.  

Conclusión 

Sería iluso pensar que estas propuestas aquí delineadas se traducirán en ley sin la más dura lucha entre los trabajadores y el capital. Ambos partidos demócrata y republicano representan a específicos intereses capitalistas que estarán muy en contra de estas propuestas. Al fin, estás propuestas son solo para el beneficio de la clase trabajadora. Los opositores de estas propuestas no lo podrán hacer sin también revelarse como enemigos de los trabajadores.  

Por un lado, los republicanos buscan mayor represión contra los inmigrantes para así aumentar la financiación de sus auspiciadores en las industrias de prisiones y centros de detención privados. En lugar de que haya menos inmigrantes, ellos buscan que los inmigrantes sigan viviendo en la sombra de la sociedad donde pueden ser fácilmente explotados por los intereses comerciales. Del otro lado, los demócratas en su ambición imperialista buscan deshacerse de todas las restricciones que tiene el capital para moverse internacionalmente impulsando tratados de libre comercio con los que sus auspiciadores corporativos pueden acceder a un vasto mercado de mano de obra barata en otros países. Esto crea las condiciones para que más inmigrantes busquen llegar a EE. UU. ayudando así a que los capitalistas aquí empleen trabajadores inmigrantes para evitar contratar a ciudadanos que pueden tener mayor conciencia de clase, ósea muchos menos explotables. De la misma manera, una de las más grandes bases de apoyo que tienen los demócratas, propietarios no blancos de pequeños negocios en las ciudades grandes, le negarían su apoyo al partido si estos ven que se busca legalizar a sus trabajadores. Un capitalista sigue siendo un capitalista al final del día.   

Pero tal vez el cambio más significativo que tendrán estas propuestas será que expondría a aquellos quienes esconden su racismo y xenofobia con el disfraz de sindicalismo. Ningún sindicalista de buen nombre debe aplaudir la deportación de sus compañeros trabajadores y la separación de sus familias. Forzará a que los sindicatos piensen más allá de sus intereses limitados como el control de áreas del mercado, y piensen en vez en su habilidad para organizar a todos los trabajadores de sus respectivas industrias, ya sean estos inmigrantes o no. Forzará a más sindicalistas a practicar la solidaridad en su forma más verdadera y poderosa.

El capitalismo es global. Ha llegado a cada rincón del planeta Tierra y lo ha sujeto a las demandas del mercado internacional. Esto ha causado que comunidades alrededor del mundo migren hacia los puntos de concentración del capital en busca de trabajos y una mejor calidad de vida para sus familias. Si la clase trabajadora es así internacional, también lo debe ser nuestra solidaridad.